cON fecha 11 de enero de 1896, la Diputación de Navarra dirigía a la de Gipuzkoa un escrito mostrando su apoyo y colaboración para que, si las de Álava y Bizkaia igualmente lo dispusieran, las cuatro Diputaciones hermanas procedieran a “iniciar las gestiones colectivas” para exigir “como condición ineludible el conocimiento de la lengua vasca a las personas que hayan de regentar las Escuelas”. La máxima institución navarra respondía así positivamente al informe técnico que dos meses antes, el 12 de noviembre de 1895, le había remitido la corporación guipuzcoana.
El escrito de respuesta, firmado por el vicepresidente de la Diputación, Ramón Eseverri (por aquellas fechas el cargo de presidente se lo reservaba el gobernador civil), no se conformó con una respuesta afirmativa de mera cortesía, sino que podría pasar a los anales de la historia como uno de los alegatos en favor del euskera más rotundos realizados nunca hasta entonces por una institución oficial. La Diputación Foral hacía suyo el sentido de la frase de Sancho el Sabio, lingua navarrorum, como “tributo a la verdad para que nunca pudiesen obscurecerla las mudanzas del tiempo”. Se congratulaba de que un navarro, Bernard de Echepare, fuera en 1545 el primero en publicar un libro en euskera, y de que otro navarro, Pierres de Axular, compusiera la obra maestra de la literatura euskara. Y se enorgullecía de que el primer certamen de poesía euskara se había celebrado precisamente en Pamplona, en 1609, costeado por el Consejo Real de Navarra.
Con respecto al idioma vasco decía textualmente: “Cada pueblo tiene el suyo que expresa su conciencia colectiva (…) El pueblo vasco-navarro, como todos los pueblos del mundo, tiene derecho perfecto e indiscutible a su lengua. La raiz de este derecho se halla en la personalidad humana que las leyes han de respetar y amparar.” Y, en referencia a castellano, denunciaba que el “Estado que se arrogue la facultad de asegurar la preponderancia de una de las lenguas regionales, aunque sea la más extendida dentro de la nación, con perjuicio de las demás, cuyo aniquilamiento persigue conjuntamente, ora invoque el provecho de la común cultura, ora una mal entendida unidad mecánica y externa, se rebaja a instrumento de hegemonías injustas y causa notorio agravio a la hermandad nacional”.
El vicepresidente de la Diputación, Ramón Eseverri, era el mismo que tres años antes, el 4 de junio de 1893, había recibido frente al Palacio de Navarra a los 20.000 manifestantes que protagonizaron la Gamazada. Es decir, la protesta popular contra el ministro español de Hacienda, Germán Gamazo, quien pretendía anular la autonomía fiscal y financiera que Navarra mantenía en virtud de la Ley Paccionada de 1841. La manifestación terminó con el Orfeón Pamplonés entonando el Gernikako Arbola.
Aunque ahora pueda sorprender, a finales del siglo XIX la corporación navarra era tan activa como la que más a la hora de favorecer las relaciones entre las diputaciones hermanas. Precisamente será la Diputación de Navarra la institución que, en 1864, invita a las otras tres a participar en un proyecto mancomunado al que denomina Laurac bat.
Es a partir de 1793 cuando las diputaciones que venían juntandose “desde tiempo inmemorial” para tratar asuntos de interés común, deciden sistematizar sus relaciones en unas conferencias anuales para acordar cuestiones de índole comercial, industrial, fiscal y judicial, así como para fijar una estrategia conjunta en defensa de los fueros. A título de curiosidad actual, en las Conferencias de 1813, reunidas en Tolosa, se acordó que “los jueces sean naturales de las mismas provincias, porque el carácter, la educación, la lengua, las leyes, usos y costumbres de sus habitantes son muy particulares y no bien conocidos, si no es de sus mismos naturales, circunstancia que facilitará enterarse más pronto de las causas y fallarlas con más conocimiento”. Asimismo, en las Conferencias de 1857, reunidas en Vitoria, se comunicó a la reina Isabel II que, en contra de cuanto disponía una ley del correspondiente ministerio español, “el nombramiento de los maestros incumbe al país, ya que deben poseer el idioma vascongado y ha sido siempre atribución de la Administración foral”. Probablemente, fue en 1888 la última vez que las diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra se reunieron conjuntamente bajo el árbol de Gernika.
Esta vocación vasquista de la Diputación Navarra se proyecto incluso durante el franquismo y, curiosamente, comenzó a declinar precisamente con la restauración democrática y el mal entendimiento o enfrentamiento partidario a partir de 1979. Los que participamos en los movimientos vasquistas de los años sesenta y setenta somos testigos de que fue precisamente la Diputación de Navarra una de las que más se prodigó durante aquellos difíciles años en la promoción de determinados aspectos de la cultura vasca. Publicaciones como Fontes Linguae Vasconum, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra o la revista en euskera Príncipe de Viana no tuvieron parangón en el ámbito de las otras tres diputaciones. Eran sin duda otros tiempos, no en vano la Agrupación Socialista de Navarra del PSOE estuvo integrada en el Partido Socialista de Euskadi hasta 1982.
Es de remarcar que el último presidente efectivo de la Diputación de Navarra en tiempo no democrático, Amadeo Marco Ilincheta (1971-1979), había sido capitán de requetés en la guerra de 1936, condecorado siete veces por méritos militares y consejero nacional del Movimiento. Carlista, tradicionalista y antirrepublicano, se había mostrado sin embargo favorable a un Estatuto conjunto para Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. De él es la famosa declaración: “No me parece mal que las tres provincias vascas se unan a su madre, a Navarra, y que juntas integren el Reyno de Navarra. Ah, claro, así no lo quieren. Pues en esa solución, Navarra no perdería nada. Y que nadie diga que reniego de mi origen vasco-navarro. Soy de Roncal, en vasco hablaban mis antepasados. Y ya se sabe, quien a sus antepasados parece, honra merece”.
Amadeo Marco Ilincheta falleció en 1987. Nunca conoció por tanto a UPN en el poder, mucho menos aun la trayectoria de Miguel Sanz desde 1996 hasta ahora. Son muchas sin duda las razones que pueden explicar los cambios de sintonía que Navarra ha experimentado, al menos aparentemente, en los últimos ciento cincuenta años. Pero, sea como fuere, lo que no parece ofrecer duda es que la imagen de Navarra que UPN plantea como inequívocamente histórica y real es, precisamente, la que no tiene ninguna tradición en el imaginario navarro.
Iker Merodio Urbaneja