Si tuviera que elaborar una relación de las conquistas democráticas más señaladas registradas en España en los últimos 30 años, no dudaría en situar en los puestos cimeros de la lista el reconocimiento del derecho a la libre opción lingüística que, a partir de la Constitución de 1978 y con arreglo a los correspondientes estatutos de autonomía, asiste a los ciudadanos de las comunidades bilingües. Lo expreso así a pesar de que considero un factor de desigualdad la obligatoriedad -no sólo el derecho- del conocimiento del castellano impuesta en la Carta Magna. Y lo expreso así también a pesar de que, tras 30 años, todavía hoy las instituciones del Estado no acaban de asumir como propio el plurilingüismo.

Esa libertad de opción lingüística brinda al conjunto de la sociedad que habita los territorios bilingües una magnífica opción de modernidad y universalismo. De ahí que cueste entender cómo es posible sustentar posiciones como las expresadas en cierto Manifiesto que, más que a favor de “la lengua común”, parece abogar por el monolingüismo de facto.

Y cuesta entenderlo no sólo por la consideración intelectual que me merecen algunos de los firmantes, sino, sobre todo, porque eleva al monolingüismo a la categoría de derecho (¿derecho a no saber?), cuando no constituye más que una limitación, y grave, en un mundo que se ha encaminado por la vía del multilingüismo.

Afortunadamente, la inmensa mayoría de la sociedad vasca camina hacia la consecución de un bilingüismo cada vez más extendido, equilibrado y eficaz, al tiempo que absolutamente permeable a terceras lenguas que vengan a enriquecer a sus ciudadanos en un entorno globalizado. Y caminamos sobre las siguientes convicciones: el bilingüismo integra y favorece la igualdad de oportunidades, mientras que el monolingüismo excluye y genera desigualdades. El bilingüismo permite elegir; el monolingüismo lo impide.

Afortunadamente, la sociedad en que conviven el euskera y el castellano no está dispuesta a permitir que se repitan contra ninguna de sus lenguas las tropelías que antaño se cometieron contra el euskera. Sabe que la igualdad de oportunidades lingüísticas únicamente puede venir de la mano de la libertad y el respeto mutuo, jamás de la imposición; y sabe que el progreso de la lengua débil -el euskera, conviene recordarlo- requiere, además de la adhesión libre y voluntaria de sus hablantes, el respeto y el consenso de quienes, libremente también, opten por no conocerla o no usarla.

Y es precisamente en ese terreno del respeto y del consenso donde más y peor se equivocan los firmantes del aludido Manifiesto. Ladinamente, hablan de “imposiciones abusivas” de las “autoridades autonómicas” en materia de promoción de “las lenguas autonómicas”. Es decir, tachan de abuso prácticas democráticas avaladas por la legalidad vigente, simplemente porque desearían que no se promocionara el uso de las lenguas distintas al castellano, lenguas en que desea vivir una ingente cantidad de ciudadanos, con el máximo derecho a que ha lugar en democracia.

Quienes así piensan no defienden el castellano, sino que se sirven de él para marginar el euskera, el catalán y el gallego. En su intransigencia, llegan a la paradoja de valorar positivamente el bilingüismo compartido con el inglés, al tiempo que propugnan la anulación del bilingüismo con las “otras lenguas”, que son propias de más del 40% de la población del Estado español. ¿Olvidan acaso que la intransigencia sólo genera intransigencia?

Sería deseable que los firmantes y vitoreadores de tan trasnochados principios, en lugar de abogar por una “modificación constitucional y de algunos Estatutos autonómicos” (¡eso mismo que, en otros contextos, acarrea inmediato anatema!), petición harto sospechosa de nostalgia preconstitucional, regresaran al espíritu de regeneración democrática que ha permitido en Euskadi la construcción de un amplísimo acuerdo político y social en torno al euskera. Sin coacción, pero con firmeza; sin agresiones, pero también sin tibieza.

De lo que vengo diciendo se deduce asimismo un corolario que, a pesar de su obviedad, conviene explicitar: si fuera el castellano la lengua en situación de debilidad en Euskadi, mi tarea sería, precisamente, promover, también con el mayor consenso posible, las actuaciones precisas para revitalizarlo y asegurar a sus hablantes la misma libertad de opción lingüística en todos los ámbitos que hoy pretendemos para los vascohablantes. Pero no es ésa la situación actual.

En Euskadi está garantizado el conocimiento del castellano sin excepción. También queremos asegurar -progresivamente- el conocimiento del euskera. En Euskadi no hay población monolingüe euskérica, y no queremos que la haya. Pero en Euskadi, hoy, todavía casi el 50% de la población es castellanohablante monolingüe, desconoce totalmente el euskera, y eso no nos gusta.

Queremos una Euskadi en la que sus ciudadanos puedan elegir, puedan vivir en euskera y en castellano, sumando, nunca restando, en armónica, enriquecedora y respetuosa convivencia. Eso es lo que queremos.

Serénese, pues, el atribulado Goliat. No es al débil David a quien ha de temer, sino a la propia arrogancia, mala consejera en todo, pero fatal en materia lingüística.